La caída de esta exreina y actriz terminó convertida en un espectáculo mediático, pero casi nadie se preocupa por ahondar en quiénes están detrás de una anomalía que es de vieja data en la administración pública colombiana.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Hay algo profundamente triste en la manera en que una sociedad escoge a sus culpables. Apenas se conoció la imputación contra la exreina y actriz cartagenera, Yeimi Paola Vargas, los portales digitales comenzaron a multiplicar sus fotografías con una voracidad que parecía más cercana al entretenimiento que al ejercicio serio de informar. Su rostro apareció por todas partes, repetido hasta el cansancio, convertido en carnada para atraer visitas, comentarios y burlas.
No pretendo absolverla, pues si presentó un documento falso para trabajar en el IPCC y las autoridades logran probarlo, deberá responder por ello ante la ley con sanciones pecuniarias o encarcelamiento, si es lo pertinente. Nadie tendría derecho a reclamar privilegios ni indulgencias simplemente porque ella pasó por un reinado de belleza o porque representa a los cartageneros en el gremio colombiano de la actuación televisiva, dado que lo cierto es que la falta —si existió— merece castigo. Ni más faltaba.
Pero mientras las redes se llenaban de titulares alarmistas y fotografías escogidas con evidente intención de escarnio, surgía una pregunta que muy pocos parecían interesados en formular. ¿Quién recibió aquellos documentos? ¿Quién los examinó? ¿Quién firmó su aprobación? ¿Quién permitió que aquella contratación avanzara hasta el punto de autorizar pagos y funciones dentro de una entidad pública?
Lo pregunto porque sé por experiencia propia que un cargo estatal no aparece por arte de magia. Para ingresar a la administración pública hay formularios, filtros, carpetas, revisiones, oficinas jurídicas, dependencias de talento humano y funcionarios encargados de verificar hasta el más pequeño papel. El ciudadano común lo sabe bien, pues cada trámite oficial suele convertirse en un recorrido agotador entre sellos, fotocopias y requisitos interminables, que hasta podrían hacer que el aspirante pierda el cargo, si no cumple con el plazo. Y lo mismo sucede cuando hay que pasar cuentas de cobro.
Por eso resulta difícil creer que todo el peso de este episodio pueda recaer únicamente sobre una mujer cuyo nombre hoy produce morbo, curiosidad, visitas virtuales y likes. Hay demasiadas manos alrededor de cualquier contratación pública, demasiadas firmas, demasiados vistos buenos y demasiadas oficinas participando del proceso.
Sin embargo, buena parte del llamado periodismo digital parece haberse conformado con exponer el rostro más visible del escándalo. Se limitó sólo a la fotografía de la exreina entrando a una audiencia, con el titular agresivo, con la frase destinada a incendiar comentarios en Facebook y cadenas de WhatsApp.
Así las cosas, da pesar observar en qué se ha convertido cierta manera de informar. Ya no interesa tanto comprender un problema sino fabricar una escena capaz de despertar indignación y morbo inmediatos, debido a que el dolor ajeno se volvió rentable, mientras que la caída pública de alguien produce tráfico, aumenta interacciones y mantiene encendidos los algoritmos.
Entre tanto, las estructuras que permiten estas anomalías permanecen intactas, escondidas detrás de escritorios y puertas cerradas. Nadie parece demasiado interesado en seguirles la pista a quienes validaron certificados, aprobaron hojas de vida o facilitaron el ingreso de personas cuya formación debía ser revisada cuidadosamente.
Lo más doloroso es que este no es un fenómeno aislado, pues en muchas entidades públicas del país abundan empleados, a duras penas bachilleres, pero con títulos dudosos, maestrías, diplomados, especializaciones fantasmas y credenciales obtenidas quién sabe dónde. Muchas de esas personas son incapaces de redactar correctamente un oficio, pero ocupan cargos importantes gracias a diplomas que jamás reflejaron verdadero conocimiento. Aún así cobran cifras increíbles que, la mayoría de las veces, no se compadecen con lo poco que aportan a la comunidad.
Uno se encuentra con ellos todos los días y a todos les nota las mismas características: funcionarios arrogantes, instalados en oficinas cómodas y hablando con pretenciosa suficiencia desde estudios académicos que probablemente jamás cursaron. Por eso, resulta ofensivo pensar que mientras tantos jóvenes honestos se esfuerzan durante años para obtener un título legítimo, otros avanzan mediante documentos fraudulentos y favores políticos.
Por eso produce desconcierto la velocidad con la que el caso de Yeimi Paola fue transformado en espectáculo. Pareciera que el verdadero interés no fuera desmontar una cadena de irregularidades dentro del Estado sino exhibir públicamente a una mujer famosa para alimentar el apetito feroz de las redes sociales.
Particularmente, percibo una crueldad singular en la manera en que las plataformas digitales destruyen reputaciones. Una fotografía repetida cientos de veces termina desfigurando la condición humana de quien aparece en ella. La persona deja de ser alguien complejo, lleno de errores y contradicciones, para convertirse en objeto de burla colectiva; y detrás de todo eso suele esconderse una satisfacción oscura. Mucha gente disfruta viendo caer a quienes alguna vez fueron admirados. El antiguo brillo de una reina de belleza termina funcionando como combustible perfecto para el escándalo, mientras que el país entero parece encontrar placer en derrumbar aquello que antes aplaudió.
Pero aun aceptando la gravedad de la acusación, sigue siendo imposible ignorar la otra pregunta: ¿por qué las investigaciones periodísticas casi nunca avanzan hacia quienes manejan realmente las contrataciones públicas? ¿Por qué rara vez conocemos los nombres de quienes aprobaron procesos, ignoraron advertencias o permitieron irregularidades?
Tal vez porque resulta más sencillo concentrar toda la atención sobre una figura ampliamente reconocible, pues un rostro famoso simplifica la historia, facilita titulares y produce reacciones inmediatas. En ese sentido, el problema deja de ser una maquinaria corroída por la negligencia y se convierte únicamente en la historia de una mujer señalada públicamente.
Hay algo profundamente injusto en romper la cabuya por el lado más frágil, lo cual ocurre con frecuencia en este país donde los eslabones visibles reciben toda la furia pública mientras las responsabilidades compartidas se diluyen entre oficinas, influencias y silencios administrativos.
No deja de llamar la atención que la denuncia aparezca precisamente ahora y bajo estas circunstancias. Eso también despierta sospechas inevitables, dado que en un ambiente político y burocrático donde abundan rivalidades, venganzas y resentimientos, cualquier filtración puede convertirse en arma contra alguien que perdió respaldos o despertó enemistades.
Esa posibilidad no borra una eventual responsabilidad de Yeimi Paola, pero sí obliga a mirar el caso completo y no únicamente la parte que genera más escándalo. Dicen los expertos (y es así) que el deber del periodismo debería consistir en alumbrar todas las zonas de un hecho, no solamente aquellas que garantizan mayor circulación en redes, puesto que informar no puede reducirse a perseguir clics sino a buscar profundidad, contexto y honestidad; y todo eso exige valentía para investigar aquello que permanece oculto detrás del espectáculo mediático; y obligar a preguntar quiénes más participaron, quiénes callaron y quiénes se beneficiaron.
Hoy el país observa el rostro de una exreina sentada en el banquillo público de las redes sociales, pero detrás de esa imagen hay una estructura entera que casi nadie quiere encarar con honestidad; y tal vez ahí se encuentre la parte más amarga de toda esta historia.
Produce tristeza pensar que dentro de unos días las redes olvidarán el caso, buscarán otra víctima pasajera y seguirán avanzando hacia el próximo escándalo del momento. Entretanto, las oficinas donde se aprueban documentos dudosos continuarán funcionando con absoluta normalidad, protegidas por la costumbre y por la corta memoria colectiva.
