Si la propuesta del gobierno nacional de desmontar todas las efigies que nos recuerdan la violencia es totalizante, me acojo a ella. Si es selectiva, estamos ante una decisión que amerita una seria discusión pública.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Al parecer, para ciertos gobernantes la historia es un asunto bastante sencillo: se retiran las imágenes de quienes les desagradan y se conservan las de aquellos con quienes comparten ideas, simpatías o lealtades políticas. Así, cada cual termina rodeado de sus propios héroes, sin tener que tropezarse con los del adversario. El inconveniente es que la historia de un país no puede quedar sometida a los gustos de quienes ocupan el poder, porque entonces cada gobierno tendría la posibilidad de acomodar el pasado a su conveniencia.
La reciente decisión del Gobierno nacional de retirar alrededor de treinta obras del Museo Nacional, con el argumento de que algunas podrían constituir apología de la violencia, nos pone frente a una pregunta que va mucho más allá de las piezas retiradas: ¿con qué criterio decidimos quién merece ocupar un lugar en nuestros museos, plazas y edificios públicos?
Porque, si de evitar que el Estado glorifique la violencia se trata, habría que empezar por revisar una buena parte de nuestra historia oficial; y no solamente las imágenes de antiguos guerrilleros.
En Colombia tenemos monumentos, retratos y nombres de calles dedicados a conquistadores, militares, gobernantes y dirigentes políticos cuya trayectoria no siempre se corresponde con la imagen honorable que les hemos construido. Algunos están allí desde hace tanto tiempo que ya forman parte del paisaje, y quizás por eso hemos dejado de preguntarnos qué representan y por qué merecieron esos homenajes.
Pensemos en Cartagena. Aquí tenemos las figuras de Pedro de Heredia y Cristóbal Colón, personajes vinculados con la conquista y la expansión europea en América. Detrás de esa historia están el sometimiento de las poblaciones indígenas, el despojo de sus territorios y la explotación de los africanos esclavizados. Sin embargo, sus nombres siguen formando parte de nuestros espacios públicos.
¿Qué hacemos entonces? ¿Retiramos sus monumentos? ¿Cambiamos el nombre de la avenida Pedro de Heredia, la principal arteria de Cartagena? ¿O resulta que la violencia cometida hace varios siglos merece una consideración distinta de la que aplicamos a la de épocas más recientes?
No estoy proponiendo que pongamos a todos los personajes históricos en el mismo saco. Cada época tiene sus circunstancias, y las responsabilidades deben examinarse a partir de los hechos. Lo que me pregunto es por qué ciertos criterios parecen adquirir una importancia extraordinaria cuando se trata de unos personajes y pierden buena parte de su rigor cuando llega el turno de otros.
La masacre de las bananeras, por ejemplo, hace parte de esa historia que no podemos despachar con una referencia pasajera, dado que se tratas de un episodio que forma parte de las páginas más dolorosas de nuestra historia laboral y política. ¿Cómo se relaciona ese pasado con los homenajes que todavía concedemos a quienes ejercieron el poder en aquellos años? ¿Nos hemos hecho siquiera la pregunta?
Ese no es el único caso. Ahí están los falsos positivos, los asesinatos de líderes sociales, la violencia contra campesinos y tantos otros episodios en los que aparecen comprometidos actores de distinta naturaleza. Si el argumento para retirar una representación es que su protagonista estuvo vinculado con la violencia, habrá que examinar también los reconocimientos públicos concedidos a funcionarios cuya participación en alianzas paramilitares haya sido probada, así como las responsabilidades de quienes permitieron, encubrieron o favorecieron crímenes cometidos desde las instituciones del Estado.
No veo cómo podría sostenerse una discusión seria sobre la memoria histórica dejando por fuera a las víctimas de los falsos positivos, civiles asesinados por integrantes de la fuerza pública y presentados como bajas en combate. ¿Acaso la violencia cambia de naturaleza según el uniforme de quien la ejerce? ¿O según la filiación política de quien aparece retratado en una pared?
Naturalmente, no se puede confundir una acusación con una condena ni una investigación en curso con una responsabilidad demostrada. Tampoco toda fotografía constituye un homenaje. Una galería de antiguos mandatarios puede tener una función documental, mientras que una placa destinada a exaltar a una persona condenada por graves crímenes plantea otra discusión. Precisamente por eso hay que saber qué se retira, por qué se retira y qué criterio se está aplicando.
La Independencia también nos ofrece un ejemplo que vale la pena considerar. Simón Bolívar y sus compañeros se levantaron en armas contra la monarquía española. Para las autoridades realistas eran rebeldes que desafiaban el orden establecido. Hoy los llamamos próceres, sus nombres están en plazas y avenidas, y sus retratos presiden instituciones públicas.
La historia terminó convirtiendo en fundadores de la patria a quienes, desde la perspectiva del poder de entonces, eran insurgentes.
No pretendo equiparar a los independentistas con las organizaciones armadas contemporáneas. Sería una comparación demasiado simple, porque las circunstancias, los objetivos, los métodos y las actuaciones de cada grupo deben estudiarse por separado. Pero el ejemplo sirve para recordar que las palabras con las que una sociedad clasifica a sus protagonistas no son inmutables. A veces, quien fue considerado enemigo del orden establecido termina ocupando un pedestal en la nación que ayudó a fundar.
De ahí que convenga andar con cuidado cuando pretendemos resolver la relación de una sociedad con su pasado retirando imágenes. ¿Quién decide qué personaje merece permanecer? ¿Con qué autoridad se establece que una representación es inaceptable? ¿Y qué ocurre cuando los mismos criterios no se aplican a quienes pertenecen a distintas corrientes políticas?
Porque una cosa es revisar los homenajes públicos y otra muy distinta es hacer una selección de personajes según las preferencias de cada gobierno. Si hoy se retiran las imágenes de unos por su pasado armado, pero se mantienen intactos los reconocimientos concedidos a otros cuyas actuaciones violentas están documentadas, alguien tendrá que explicar la diferencia. No basta con invocar la defensa de la memoria, las víctimas o las instituciones. Hay que demostrar que el criterio se aplica de manera coherente.
Ahora bien, tampoco creo que la solución consista en quitar de nuestros espacios públicos todo lo que tenga alguna relación con la violencia. Si lleváramos esa idea hasta sus últimas consecuencias, terminaríamos desmontando buena parte de los monumentos del país, cambiando nombres de calles y retirando retratos de personajes que han ocupado un lugar importante en nuestra historia; y después de tal operación, ¿qué habríamos ganado si no somos capaces de explicar por qué ocurrieron aquellos hechos?
Una estatua no convierte necesariamente a un personaje en héroe, del mismo modo que retirarla no borra lo que hizo. Podemos conservar un monumento y explicar sus contradicciones, contar quiénes fueron sus víctimas y revisar los motivos por los cuales se le concedió un lugar de honor. Un museo puede exhibir una pieza relacionada con una organización armada sin hacerle propaganda, siempre que permita conocer su trayectoria, sus propósitos y los crímenes que cometió. También puede retirar un reconocimiento honorífico sin destruir los documentos que ayudan a reconstruir la historia de la persona homenajeada.
El pasado no se vuelve menos doloroso porque lo escondamos, como tampoco aprendemos más de él por el solo hecho de derribar una estatua.
Hay otra cuestión que no deberíamos pasar por alto. Los gobiernos cambian, y con ellos suelen cambiar las maneras de interpretar la historia. Si cada administración retira las imágenes que le disgustan y devuelve las que le gustan, terminaremos con museos y espacios públicos sometidos a los vaivenes de la política. Un gobierno desmonta los homenajes de sus adversarios; el siguiente hace lo mismo con los del anterior. Al final, cada cual habrá intentado dejar su propia versión del país.
Por eso, las decisiones sobre la memoria histórica no deberían quedar al arbitrio de quienes ocupan temporalmente el poder. Hace falta que los criterios sean públicos, que se escuche a historiadores, curadores, víctimas y comunidades, y que cada decisión pueda explicarse y discutirse. No para impedir que se revisen los monumentos y los homenajes, sino para evitar que esa revisión termine convertida en una disputa por decidir quién tiene derecho a contar el pasado.
A mí me parece que la pregunta de fondo es otra: ¿estamos dispuestos a examinar con el mismo rigor a los personajes que admiramos y a aquellos que rechazamos? Porque pedir que retiren la imagen del adversario no cuesta demasiado. Lo difícil es preguntarse si los personajes a quienes nosotros mismos hemos convertido en héroes también merecen que revisemos sus actuaciones.
