𝐌𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐨𝐬, 𝐢𝐧𝐝𝐢́𝐠𝐞𝐧𝐚𝐬, 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐋𝐆𝐁𝐓𝐈 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐚𝐜𝐨𝐬𝐨, 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨 𝐨 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐩𝐨𝐧𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Durante años he defendido la necesidad de leyes que protejan a grupos históricamente discriminados. No hablo desde la distancia académica ni desde la comodidad de un observador neutral. Hablo como negro y como alguien que ha visto de cerca las barreras que todavía existen para muchas personas en este país.
Por eso, nunca he tenido problema en reconocer la importancia de las normas que buscan corregir esas desigualdades, pues durante mucho tiempo la discriminación fue una práctica cotidiana en Colombia y no hacía falta que estuviera escrita en ninguna ley para que funcionara en la vida real.
Con la Constitución Política de Colombia de 1991, el país comenzó a reconocerse de otra manera, dado que la idea de una nación homogénea empezó a ceder terreno frente a una visión más plural, cambio que abrió puertas importantes para comunidades que durante siglos habían permanecido en los márgenes.
Gracias a ese nuevo marco jurídico, muchas personas encontraron herramientas para defender su dignidad, lo cual me parece que no es poca cosa, puesto que cuando un derecho se vuelve exigible ante la ley, deja de depender de la buena voluntad de los demás.
Sin embargo, hay algo que me preocupa desde hace tiempo y que cada vez observo con mayor frecuencia en distintos espacios de la vida pública.
Algunas personas han empezado a utilizar el lenguaje de los derechos como un arma para resolver conflictos personales que nada tienen que ver con discriminación real.
Hace unos años presencié una escena en una universidad. Un profesor le hizo a un estudiante una observación severa por plagio en un trabajo, pero la discusión no duró mucho, porque el estudiante respondió que aquello era racismo y amenazó con presentar una queja por discriminación. Es decir, en cuestión de minutos el problema dejó de ser el plagio.
He visto situaciones parecidas en oficinas públicas donde un jefe intenta corregir el desempeño de un empleado y de inmediato aparece la acusación de persecución por motivos de identidad; y, de paso, la conversación se vuelve imposible, porque el debate ya no gira alrededor del trabajo sino alrededor de la pertenencia étnica o cultural.
También he observado episodios inquietantes en colegios con estudiantes (de cualquier orientación sexual) que realizan actos eróticos deliberados en espacios comunes, pero cuando algún adulto intenta poner orden, la respuesta llega en forma de acusación de intolerancia o discriminación. Se repite el lío: la crítica desaparece y lo único que queda es una discusión sobre identidades.
Algo parecido ocurre en conflictos relacionados con denuncias de acoso o abuso. Se trata de acusaciones extremadamente graves y, por esa misma razón, requieren responsabilidad. Pero cuando se presentan sin sustento o como instrumento de venganza personal, el daño es profundo.
Hace poco conocí la historia de un padrastro que pasó varios años tratando de limpiar su nombre después de que su hijastra lo acusara de abuso sexual, denuncia que terminó siendo falsa, pero, mientras la verdad salía a la luz, su reputación ya había sido destruida.
Casos como ese no ayudan a nadie. Cada episodio donde una acusación se percibe como injusta, termina sembrando desconfianza en denuncias que sí corresponden a hechos reales.
También he visto actitudes problemáticas dentro de comunidades afro e indígenas. Claro está, no es un fenómeno generalizado, pero ocurre. Hay quienes creen que su identidad los coloca por encima de cualquier cuestionamiento. Al respecto, ya he escuchado, en varios ámbitos sociales, la frase “ahora los negros y los indios se están volviendo intocables. Ya no se les puede decir nada, porque todo es discriminación…”
El abuso de las normas anti discriminación no sólo es equivocado sino también peligroso, pues se supone que esas leyes surgieron para garantizar igualdad, no para resolver rivalidades personales ni para proteger comportamientos indebidos.
Cuando las normas se utilizan de esa manera, el resultado es previsible: muchas personas comienzan a mirar con sospecha las luchas sociales que durante décadas se construyeron con enorme esfuerzo. Ese es el verdadero riesgo, la pérdida de credibilidad. Es la misma moraleja de El pastorcito mentiroso: al embustero no le creen ni cuando dice la verdad.
Las conquistas sociales dependen en gran medida de la confianza pública. Cuando esa confianza se deteriora, el terreno se vuelve más difícil para quienes realmente necesitan esas herramientas legales.
Defender los derechos de los grupos históricamente discriminados no significa aceptar que cualquier acusación sea válida, por el simple hecho de provenir de alguien que pertenece a esos grupos.
La igualdad ante la ley implica algo más profundo: que todos respondamos por nuestros actos como individuos, debido a que las identidades colectivas merecen respeto y protección, pero la responsabilidad personal sigue siendo un principio fundamental de cualquier sociedad democrática.
