Frase que ha hecho cajón para generar ingresos extras, en la mayoría de los casos, de forma ilícita. En el argot popular estamos hablando de tráfico de influencias y conductas propias de la cultura de la corrupción.
Rodrigo Ramírez Pérez, rorro@rinconguapo.com
Mientras Dumek Turbay sea alcalde de Cartagena no aplicará la fotomulta, para los infractores de la movilidad en la ciudad. Argumenta el mandatario distrital que la medida no garantiza el debido proceso con los sancionados, y va en contra de la economía popular y familiar de los habitantes de la ciudad. Respetable apreciación, pero con mucho tinte populista.
En el presupuesto de la Administración distrital, para la modernización de la red de semáforos y seguridad vial, están destinados, en la vigencia de este año 2025, $194 mil millones. Esto implica que robustecer la infraestructura tiene una línea de contratación atractiva que es más del agrado del alcalde que castigar a los infractores de la movilidad en la ciudad.
Dice el mandatario, en un comunicado de prensa, que la línea estratégica es la pedagogía como vehículo que sensibilice a la gente. Con ello se espera disminuir las infracciones en la movilidad y la accidentalidad. Me pregunto, escépticamente: ¿Será suficiente para que los conductores de carros, motocicletas, bicicletas y demás similares tomen conciencia? Siento que estoy frente a una bonita retórica que quizás pueda convencer a incautos.
Me voy a limitar al “paga patos” de la movilidad en Cartagena: Transcaribe. Según el informe de esa organización, en 2024 se registraron más de 350 accidentes tránsito que implicaron a la flota y a otros actores viales. En el solobús de la troncal por la avenida Pedro de Heredia, se presentaron 53 incidentes con dos fallecidos, donde fueron las motocicletas las más involucradas en estos percances. Y en lo que va de este año, ya las cifras son semejantes con dos personas muertas.
Lo anterior me lleva a conjeturar que la decisión del alcalde, de ser más sensible con pedagogía que sancionar a los infractores de la movilidad, es una postura política coyuntural. En el pasado se han perdido ríos de dineros públicos en modernización de la red semafórica y cámaras para la vigilancia a infractores que han sido sancionados. Sin embargo, las multas tienen un tufillo de corrupción. Quizás por eso violar normas se convierte en la regla, pues un dinero por debajo de la mesa anula sanción.
Insisto, la modernización de la red semafórica, la instalación de cámaras para la seguridad vial y la pedagogía son contratos tentadores, que, si bien son necesarios, ¿para qué se va desgastar el Gobierno Distrital con sanciones a los infractores?
Lo cierto es que toda inversión de esta índole es asertiva, si se sanciona a los infractores, porque, precisamente, la letra entra con sangre, como decían nuestros abuelos. A la gente le duele el bolsillo; y si sabe que la nueva red semafórica y las cámaras en el lugar le vigila, respeta las normas. Claro, si hay voluntad política de combatir la corrupción de anular multas por debajo de la mesa.
Ese respeto la obliga a no cruzar los semáforos en rojo, a no invadir los pasos peatonales o cebras. Asimismo, los motociclistas no transitarían por los andenes, conscientes de que son de uso exclusivo de los peatones. Tampoco invadirían el solobús de Transcaribe. En fin, solo las sanciones son las que obligan a la gente a cumplir y a respetar las normas. Lo demás son “pajazos mentales”; o mejor, buenos negocios para el alcalde y su equipo de gobierno.
