𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐬 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐧𝐚, 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐬 𝐫𝐚́𝐩𝐢𝐝𝐚 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞. 𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮́𝐧, 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐚. 𝐀𝐬𝐢́ 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐬𝐚𝐬, 𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚: ¿𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥?
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
El reciente atraco a una turista en un barrio pobre del cerro La Popa reactivó una discusión que Cartagena arrastra desde hace años: ¿para quién está pensada la seguridad? Tras el hecho, la reacción oficial fue fulminante. En cuestión de horas hubo recompensa, allanamientos, capturas y exhibición pública de los responsables en redes sociales, con regaño procaz incluido. El mensaje fue claro: cuando la víctima es visitante, la respuesta no admite demoras.
Esa diligencia, que en sí misma nadie podría cuestionar, contrastó con la experiencia cotidiana de miles de cartageneros que denuncian robos y asesinatos sin mayor eco. La percepción, alimentada por antecedentes, es que la prioridad institucional se activa cuando está en juego la imagen turística. Y la imagen, en una ciudad cuya economía depende en buena parte de ese renglón, parece tener guardianes atentos.
No es la primera vez que ocurre algo semejante. Años atrás, al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le hurtaron una bicicleta en las faldas de La Popa. El episodio tuvo rápida solución y el vehículo apareció con capturas incluidas. La eficiencia fue celebrada, pero también dejó preguntas flotando.
Algo similar sucedió cuando al periodista bogotano Guillermo Prieto La Rotta —conocido como Pirry— le robaron una cámara en otro sector pobre del mismo cerro. La recuperación fue pronta. De nuevo, operativos ágiles, resultados visibles y difusión amplia. Días después, este mismo comunicador fue atacado ferozmente por el entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, tras la presentación de una crónica televisiva sobre la prostitución en el Centro Histórico de Cartagena. Volvemos al punto clave: “prohibido meterse con el turismo”.
También quedó en la memoria la propuesta del entonces alcalde Manolo Duque, quien planteó restringir la circulación de motos para frenar el sicariato y el fleteo. Los barrios seleccionados coincidían con el mapa turístico. La medida fue presentada como estrategia integral, pero el trazo del mapa decía otra cosa.
En el barrio El Cabrero, el asesinato de turistas italianos generó un despliegue extraordinario. Las capturas no tardaron y la comunicación institucional insistió en que se trataba de un hecho aislado. Desde la administración de Curi se repitió que Cartagena era “tierra de paz”, fórmula obviamente pensada para tranquilizar mercados y viajeros.
El crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en una playa del corregimiento de Barú, activó una operación de gran escala que produjo resultados casi que inmediatos. El mundo miraba y la ciudad respondió con coordinación y recursos. Es decir, la presión internacional operó como catalizador.
En contraste, cuando hace unos días un grupo de turistas agredió a un artesano en el Centro Histórico, la reacción no tuvo la misma intensidad. No hubo capturas conocidas ni despliegue mediático comparable ni regaños de grueso calibre en las redes sociales. La balanza pareció inclinarse hacia la protección de la “marca ciudad” antes que hacia la dignidad del trabajador local.
Estos episodios, sumados, alimentan una certeza en los barrios populares: la seguridad se enfoca en preservar el atractivo del destino. Nadie discute que el turismo es motor económico y fuente de sustento para miles de familias, puesto que hoteles, restaurantes, guías, transportadores y comerciantes dependen de que el visitante se sienta seguro.
Lo que se cuestiona es la desigualdad. Si la capacidad de reacción existe (y los hechos demuestran que sí existe), ¿por qué no se despliega con la misma contundencia cuando la víctima es un vendedor ambulante, un estudiante o una ama de casa? La pregunta no busca restar protección al turista sino ampliarla a todos.
En los sectores populares se escucha una conclusión embarazosa para la institucionalidad: las autoridades saben dónde se esconden los delincuentes y cómo capturarlos con rapidez. Cuando la presión mediática es alta, la maquinaria funciona sin tropiezos. Entonces surge la duda sobre los criterios que activan esa maquinaria.
La consigna “Primero la gente”, repetida en cierta campaña electoral del pasado, terminó siendo interpretada con apellido. Primero la gente que llega en crucero, la que ocupa suites frente al mar, la que invierte en congresos y convenciones. El resto, a esperar turno en una fila que rara vez avanza con premura.
Este enfoque genera un efecto secundario delicado: la fractura simbólica entre dos ciudades. La Cartagena postal, cuidada y promocionada, y la Cartagena cotidiana, donde el atraco, el sicariato y la extorsión forman parte del paisaje diario. Cuando la política de seguridad parece segmentada, la confianza pública se resiente.
No se trata de desconocer limitaciones presupuestales ni la complejidad del delito urbano. Tampoco de suponer que toda denuncia sin resultado obedece a desinterés. Pero la repetición de patrones eficaces en ciertos casos instala la idea de que la protección depende del perfil de la víctima.
La discusión es urgente, porque la seguridad no puede entenderse como vitrina. Si se la concibe sólo como instrumento para sostener el flujo turístico, se pierde de vista que el mayor activo de la ciudad es su gente. Una comunidad que no se siente protegida, difícilmente será aliada de cualquier estrategia gubernamental.
Además, la percepción de trato desigual erosiona la legitimidad de la autoridad. En contextos donde la confianza institucional es frágil, cada caso visible marca precedente. La ciudadanía compara tiempos de respuesta, despliegues, recompensas y ruedas de prensa.
Cartagena necesita un debate franco sobre prioridades y criterios de acción. No basta con exhibir capturas únicamente cuando el caso trasciende fronteras o amenaza la reputación internacional. La política pública debe mostrar coherencia en cada barrio, sin importar si figura en guías de viaje.
Las fuerzas vivas de la ciudad (empresarios, gremios, universidades, organizaciones sociales) tienen un papel en esta conversación. El sector turístico puede y debe ser aliado de una seguridad que abarque a toda la población, porque su sostenibilidad depende de un entorno estable en sentido amplio.
Los gobernantes, por su parte, enfrentan el desafío de demostrar que la eficacia no es selectiva. Que el operativo veloz no es privilegio de quien porta pasaporte extranjero o apellido reconocido. Que la ley actúa con igual energía frente al robo de una turista y frente al atraco de un trabajador del mercado.
Poner esta discusión en el centro de la mesa no implica desmerecer los resultados obtenidos en casos de alto perfil. Implica preguntarse por la estructura que hace posibles esos resultados y por qué no se replica con la misma determinación en cada esquina de la ciudad.
Cartagena merece una seguridad que no distinga entre postales y periferias. La ciudad que recibe al mundo es la misma que habitan sus ciudadanos. Si la protección se concibe como derecho y no como estrategia de mercadeo, la conversación dejará de ser recurrente y empezará a transformarse en política sostenida.
