El análisis evidencia que el avance global del PND alcanza aproximadamente el 62,05%, pero con resultados desiguales entre sectores, lo que refleja brechas importantes entre la planeación y la ejecución de políticas públicas.
A propósito de las elecciones en Colombia, docentes investigadores del Politécnico Grancolombiano presentan una radiografía integral sobre el gobierno de Gustavo Petro. El estudio advierte un escenario de contrastes: mientras impulsa transformaciones en política social y territorial, persisten limitaciones que afectan el alcance real de estos cambios.
Según el análisis, el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo evidencia avances heterogéneos. En conjunto, el progreso del plan alcanza aproximadamente un 62,05%, con desempeños dispares entre los distintos sectores estratégicos. Este estudio ofrece una perspectiva técnica que permite evaluar en qué medida las promesas de transformación se han materializado efectivamente.
Economía y política comercial
El análisis económico evidencia que, pese al discurso de reindustrialización, el país mantiene una fuerte dependencia del sector minero-energético, que sigue generando cerca de la mitad de las divisas del país como principal fuente de ingresos externos, pues la política comercial y productiva no ha logrado sustituir las rentas tradicionales.
Al mismo tiempo, se registran avances en exportaciones no tradicionales. Productos como el cacao crecieron 106%, el aguacate 54,3% y la lima Tahití 47%, evidenciando oportunidades en la diversificación agrícola. Sin embargo, estos avances no logran compensar la dependencia estructural de los bienes primarios, lo que mantiene la vulnerabilidad económica frente a cambios en los mercados internacionales.
Así mismo, se señalan barreras estructurales en temas de innovación y competitividad. La inversión en investigación y desarrollo presenta un avance cercano al 62% frente a las metas del PND, lo que limita la sofisticación productiva, especialmente en el sector manufacturero. A esto se suma la concentración geográfica de la actividad económica en regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, lo que profundiza las brechas.
Agroindustria y modelo productivo
El estudio identifica una transición incompleta, pues si bien hay resultados positivos en exportaciones agrícolas, estos avances no se han traducido en una transformación estructural del sector rural. Las cifras del Plan Nacional de Desarrollo muestran progresos parciales, como el 70,31% de cumplimiento en exportaciones agrícolas no tradicionales, pero también evidencian distintos problemas en otras áreas clave, como infraestructura rural, déficit vial, acceso a crédito y formalización de la propiedad.
Además, el estudio resalta que metas clave estipuladas en el gobierno actual, como la entrega de tres millones de hectáreas aún no se han cumplido, lo que refleja dificultades técnicas, jurídicas y de orden público. Esto limita el alcance de la reforma rural integral y evidencia una brecha entre la intención política y la ejecución en territorio.
El turismo como reactivación económica
La investigación destaca la importante recuperación del sector tras la pandemia, y su creciente relevancia como generador de ingresos y empleo en el país, pues registra una reactivación significativa en la llegada de visitantes y generación de divisas. Sin embargo, advierte que este crecimiento no ha sido equitativo entre regiones, pues las capitales concentran la mayor parte de los beneficios y los territorios emergentes enfrentan limitaciones en temas de infraestructura, conectividad y seguridad, profundizando brechas territoriales.
Por ejemplo, la seguridad en zonas emergentes como el Pacífico y el Atlántico siguen siendo barreras que condicionan el turismo como una economía relevante a largo plazo. Cabe aclarar que, aunque el turismo es estratégico, aún no tiene la escala suficiente para sustituir los ingresos del sector minero-energético en el país. Su consolidación como sector estructural requiere inversiones sostenidas y mayor articulación institucional.
Cooperación internacional y reconfiguración global
Se identifica un aumento significativo en la participación de recursos externos dentro de la financiación del Acuerdo de Paz y otras políticas públicas, pasando del 8% en 2022 al 16% en 2025, lo que supone una duplicación del peso de la cooperación internacional en el esquema financiero estatal. No obstante, este crecimiento de la cooperación internacional no se traduce automáticamente en mayor impacto en territorio.
A nivel global, se sitúan estos resultados en un contexto marcado por la reconfiguración de las relaciones económicas internacionales. Tendencias como el friend-shoring, que busca fortalecer cadenas de suministro entre países aliados, y el crecimiento del comercio sur-sur, que aumentó alrededor de un 6% en 2025, han llevado a Colombia a replantear su posicionamiento en el sistema internacional.
Desinformación y entorno político
En términos sociales, se identificó un entorno altamente polarizado que ha afectado la comunicación gubernamental, creando un choque entre el “cambio” y el “tradicionalismo” a partir de dinámicas de confrontación política que impactan la ciudadanía. Las redes sociales han sido el campo de batalla donde la desinformación ha dificultado la construcción de consensos.
Esta polarización impactaría la capacidad del Estado para comunicar resultados y construir legitimidad en torno a las políticas públicas. Esto genera una desconexión entre los resultados técnicos de la gestión pública y la percepción ciudadana, lo que debilita la confianza institucional. El informe advierte que este entorno de posverdad también introduce incertidumbre en la ejecución de políticas.
La descentralización y el reto de la paz territorial
El componente territorial representa uno de los mayores retos, sin embargo, el estudio identificó desafíos en la alineación de estos recursos con las necesidades locales. Mostrando que la inversión pública continúa concentrándose en ciertas regiones, mientras otras mantienen niveles por debajo de 3% en recursos para ejecución y capacidad administrativa, limitando la capacidad de gestión en regiones con mayores necesidades.
El balance de este aspecto es agridulce, pues los informes de la Contraloría muestran que la inversión en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han tenido dificultades de transparencia y eficiencia. También se identificaron dificultades en acceso a tierras, seguridad territorial y ejecución de programas como los PDET, donde la inversión se concentra en departamentos como Valle, Antioquia y Córdoba, dejando rezagadas otras regiones prioritarias. El éxito para la paz no depende únicamente de la inversión, sino de la capacidad para traducir estos recursos en servicios, seguridad y presencia efectiva en el territorio en compañía de los líderes sociales En conclusión, los hallazgos de este estudio sugieren que el país no puede permitirse una parálisis por la polarización, sino que debe buscar puntos de encuentro que permitan la sostenibilidad de los proyectos de largo plazo. Colombia hoy enfrenta un punto de inflexión, donde a establecimiento de las reformas dependerá de la capacidad institucional, la estabilidad política y la adaptación a un entorno global cambiante. El desafío principal seguirá siendo cerrar la brecha entre el diseño de las políticas y su impacto real en la vida de los ciudadanos.