Entre una pareja que se besa en público, un vigilante que interviene y una protesta que termina en batalla política, queda una pregunta: ¿Hemos llegado al punto en que todo reproche es discriminación?
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
Hay discusiones que en Colombia parecen condenadas a ser planteadas de la peor manera posible. O se habla desde la indignación, o desde el prejuicio. O se dice que todo reproche dirigido a una persona homosexual es homofobia, o se concluye que dos hombres no deberían besarse en público. Entre esos dos extremos —que son los que más fácilmente producen titulares, escándalos y adhesiones— queda casi siempre abandonada la discusión adulta.
El episodio ocurrido en el Centro Comercial Andino, donde un vigilante llamó la atención a una pareja de hombres que se estaba besando, me parece un buen ejemplo de esa dificultad. La primera reacción fue casi instantánea: denuncia de discriminación, pronunciamiento del centro comercial, indignación en redes y, posteriormente, una besatón. Todo ocurrió a una velocidad que me produjo cierta desconfianza. No porque crea que una pareja homosexual no tenga derecho a besarse, sino porque una institución seria no debería convertir una denuncia viral en una sentencia antes de establecer con claridad qué ocurrió.
Si el vigilante llamó la atención a la pareja exclusivamente porque eran dos hombres, habría actuado mal. No hay ninguna razón para que una pareja heterosexual pueda besarse en un centro comercial mientras una pareja homosexual sea reprendida por hacer exactamente lo mismo. En eso no debería existir ninguna discusión: las reglas deben ser iguales para todos.
Pero una cosa es afirmar ese principio y otra muy distinta es sostener que toda conducta realizada por una persona perteneciente a una minoría queda automáticamente protegida por la palabra discriminación. Ahí empieza mi preocupación. En los últimos años hemos avanzado, afortunadamente, en la lucha contra el racismo, la homofobia y otras formas de discriminación. Pero existe el riesgo de que esas normas, creadas para proteger derechos fundamentales, terminen convirtiéndose en una especie de escudo contra cualquier crítica, llamado de atención o correctivo.
Yo no creo que el derecho a no ser discriminado sea el derecho a no ser corregido. Una persona homosexual puede ser reprendida por incumplir una norma; una persona negra puede ser sancionada por una falta; un indígena puede ser criticado por una conducta; una mujer puede ser investigada por una infracción. La pertenencia a un grupo históricamente discriminado no debería convertir a nadie en una especie de ciudadano inmune a las consecuencias de sus actos.
Naturalmente, el principio funciona también en sentido contrario. Un policía no puede llamar «disciplina» a una humillación racista. Un vigilante no puede llamar «reglamento» a una prohibición dirigida exclusivamente contra dos hombres que se besan. La dificultad consiste precisamente en determinar qué ocurrió, y no en decidirlo antes de investigar.
Por eso me pareció excesivamente rápida la reacción del Centro Andino. Si una pareja denuncia que un vigilante la discriminó, lo razonable habría sido decir: «Estamos investigando lo ocurrido y estableceremos las responsabilidades correspondientes». Si después se comprobaba que el vigilante había actuado por prejuicio, debía sancionársele. Pero condenarlo públicamente de entrada puede obedecer más al deseo institucional de quedar bien con la opinión pública que al propósito de establecer la verdad.
Las instituciones, además, parecen tener hoy un miedo enorme a ser acusadas de discriminación. Y ese miedo puede producir una injusticia nueva: la de sacrificar inmediatamente al trabajador que aparece señalado en las redes sociales. La justicia de internet funciona con una velocidad que rara vez coincide con la velocidad de una investigación seria. Aparece un video, se produce una indignación y, antes de que alguien conozca el contexto, ya existe un culpable.
Tampoco me convence completamente la idea de que toda demostración pública de afecto deba ser aceptada sin discusión. Yo puedo entender que una pareja se salude con un beso, se abrace o se tome de la mano. Pero otra cosa es que una pareja —heterosexual u homosexual— convierta un bus, un pasillo universitario, una sala de espera o un centro comercial en una especie de habitación privada.
No se trata de puritanismo. Se trata de entender que el espacio público es compartido. En un bus viajan personas que no han elegido participar en la intimidad de una pareja. En una universidad circulan estudiantes, profesores y trabajadores de distintas edades. En un centro comercial hay familias y niños. Nadie tiene derecho a exigir que los demás contemplen una exhibición prolongada de besos, caricias y manoseos simplemente porque quienes la realizan consideran que su libertad no admite límites.
Y aquí aparece una regla que me parece elemental: lo que no resulta apropiado para una pareja heterosexual tampoco debería serlo para una pareja homosexual. Si una pareja de hombre y mujer se está besuqueando durante largos minutos en un bus, me parece razonable que alguien considere que está excediendo los límites de la convivencia. Si dos hombres o dos mujeres hacen exactamente lo mismo, el criterio debe ser idéntico.
Lo que no podemos hacer es confundir la incomodidad con la discriminación. En una sociedad plural, tenemos derecho a encontrarnos con personas, costumbres y comportamientos que no nos gustan. La libertad no consiste en que nadie pueda sentirse incómodo. Consiste en que nadie sea perseguido, humillado o tratado de manera desigual por lo que es.
Ahora bien, también me parece necesario tener cuidado con atribuir intenciones. Cuando veo a dos jóvenes homosexuales besándose apasionadamente en un pasillo universitario, puedo sospechar que existe en algunos casos un componente de desafío: «Miren, soy gay y qué». Pero no puedo saberlo siempre. Puede tratarse simplemente de una pareja joven enamorada, con una idea distinta de lo que resulta apropiado mostrar en público. La crítica debe dirigirse a la conducta, no inventar automáticamente la intención.
En ese sentido, no me parece razonable decir que dos hombres no pueden besarse porque hay niños presentes. Un beso no es una obscenidad y los niños no necesitan ser protegidos de la existencia de los homosexuales. Pero tampoco me parece razonable sostener que la presencia de una identidad minoritaria convierte cualquier conducta en intocable. El criterio debe ser la naturaleza de la conducta, no la orientación sexual de quienes la realizan.
La posterior besatón en el Andino me pareció, por eso, un episodio discutible. Entiendo el derecho a protestar contra la discriminación. Pero también creo que en Colombia hemos adquirido la costumbre de convertir cualquier incidente en una batalla política de grandes proporciones. Un episodio puntual se convierte en símbolo, el símbolo en movilización y la movilización en una competencia para demostrar quién representa mejor la causa justa.
El mismo fenómeno aparece en otros debates. Recuerdo el caso de la patrullera negra en el que, antes de que se conocieran con claridad todos los elementos del episodio, se habló inmediatamente de racismo estructural. Si un superior le exige a una agente que cumpla determinadas normas de presentación personal, eso puede ser una orden legítima; también puede ser una forma de trato discriminatorio. Pero para saberlo hay que investigar. La identidad de la persona involucrada no puede sustituir la prueba.
Me preocupa, por tanto, que se esté instalando una especie de presunción de discriminación. Si una persona negra tiene un altercado con un blanco, aparece el racismo. Si una persona homosexual recibe un llamado de atención, aparece la homofobia. Si una mujer es reprendida, aparece el machismo. A veces esas acusaciones son ciertas, por supuesto. Pero si se utilizan automáticamente, terminan debilitando las denuncias verdaderas.
La paradoja es que la defensa de las minorías puede terminar produciendo un nuevo tipo de desigualdad si se entiende mal. La igualdad no significa que una persona tenga más derechos porque pertenece a una minoría. Significa que no tenga menos derechos. Y tampoco significa que sus actos no puedan ser criticados. Una sociedad verdaderamente igualitaria no debería necesitar tratar a las minorías como criaturas permanentemente incapaces de responder por sus actos.
Yo preferiría una regla mucho más sencilla y mucho menos espectacular: primero se establece qué ocurrió; después se determina si hubo discriminación. Primero se identifica la conducta; después se analiza si la norma fue aplicada de manera desigual. Primero se investiga; después se condena. Esa fórmula sirve para el homosexual, para el negro, para el indígena, para el blanco, para el policía, para el vigilante y para todos los demás.
En el fondo, el debate del Centro Andino no debería ser una batalla entre quienes quieren ocultar a los homosexuales y quienes pretenden que cualquier límite constituye una agresión. Debería servir para discutir algo más difícil y más importante: cómo convivimos en espacios que pertenecen a todos. Un beso no debería escandalizar a nadie, pero tampoco toda expresión de intimidad tiene que ser aceptada en cualquier lugar. Las leyes antidiscriminación deben proteger a las minorías, no convertirlas en una clase de ciudadanos por encima de las reglas. Y las normas de convivencia no deben convertirse en una excusa para perseguirlas. La verdadera igualdad comienza cuando aplicamos el mismo criterio a todos.
