𝐄𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐫𝐞𝐯𝐚 𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨 𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨, 𝐥𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐬𝐞𝐬: ❞𝐞𝐬𝐞 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨❞ 𝐨 ❞𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨❞.
Rubén Darío Álvarez Pacheco, muchachon@rinconguapo.com
En Cartagena hay una frase que aparece cada vez que alguien cuestiona a los poderosos: “ese es un resentido”. No importa si quien habla es un periodista, un líder social o un ciudadano cualquiera que se atreve a señalar un privilegio malsano o una irregularidad. La palabra cae como un sello que cancela la conversación. Ya no hay necesidad de discutir sobre la denuncia, pues el argumento se archiva y el foco pasa a la supuesta emoción del denunciante.
En esta ciudad la palabra “resentido” no es sólo un insulto. Es un mecanismo de defensa del poder. Funciona como una llave que cierra cualquier puerta hacia el debate público. Si el crítico habla por resentimiento, entonces lo que dice no merece ser examinado; y así, con una sola palabra, se logra algo muy útil: el poderoso no tiene que responder por nada.
La fórmula tiene una versión todavía más cruel que muchos cartageneros conocen demasiado bien. Cuando la crítica viene de alguien de origen popular o de piel oscura, la frase se completa: “ese no es más que un negro resentido”. No se trata únicamente de clasismo; también hay un viejo reflejo racial que sigue vivo en la cultura social de la ciudad. Como quien dice: “Está doblemente jodido: además de negro, es resentido”. La intención es clara: bajar al crítico de la conversación pública y devolverlo al lugar donde, según ese prejuicio, debería permanecer.
Quien ha vivido en Cartagena sabe que esas reacciones no aparecen de la nada. La ciudad carga con una historia larga de poder concentrado, de apellidos que pesan y de círculos sociales cerrados donde durante décadas se mezclaron dinero, política y prestigio familiar. Esa memoria colonial no está escrita en ninguna ley, pero sigue presente en la manera en que muchos entienden quién puede hablar y quién debería quedarse callado.
Por eso, cuando alguien cuestiona a los grupos influyentes, la reacción suele ser instintiva. No se examina el contenido de la crítica, más bien se examina al crítico buscando sus supuestas frustraciones, sus intereses ocultos y su origen social. Todo sirve para insinuar que el problema no está en lo que denuncia sino en lo que él es.
Ese desplazamiento es clave, pues de ahí en adelante el debate deja de girar alrededor de asuntos públicos (contratos, dudosos privilegios, decisiones administrativas, etc.) y se convierte en una discusión sobre la personalidad de quien habló. El crítico deja de ser un interlocutor y pasa a ser un personaje al que debe hacérsele un diagnóstico psicológico.
Ese mecanismo ha sido observado en muchas partes de América Latina. El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba que las élites del continente han tenido una tendencia histórica a interpretar la crítica social como resentimiento. En virtud de eso, las demandas de los sectores populares se presentan como ataques emocionales contra quienes han acumulado poder.
Por su parte, el escritor uruguayo Eduardo Galeano también escribió sobre ese fenómeno. “En muchos países de la región —decía— las desigualdades profundas terminan explicándose como defectos del carácter de quienes las denuncian. El problema no sería el sistema sino el supuesto rencor del que lo cuestiona”.
En Cartagena esa lógica encuentra terreno fértil, porque la ciudad mantiene una estructura social muy visible. Aquí todo el mundo sabe quién pertenece a qué círculo, quién tiene qué apellido y quién se mueve en qué club. En ese escenario, desafiar a los grupos dominantes puede interpretarse casi como una falta de modales.
Por eso la palabra “resentido” resulta tan eficaz, ya que no necesita pruebas ni argumentos. Sencillamente apela a un imaginario social muy de vieja data: la idea de que quien critica a los poderosos lo hace porque quiere ocupar su lugar y no lo logró.
El fenómeno se vuelve más complejo cuando entra en juego el sistema de medios. En muchas ciudades latinoamericanas la política, la empresa privada y la publicidad institucional mantienen relaciones muy estrechas. En ese sentido, Cartagena no es una excepción.
Cuando un periodista cuestiona a un funcionario o a un grupo económico, la respuesta habitual ya no es sólo “resentido”. Aparece otra frase que en la ciudad se repite con frecuencia: “está ardido porque no le dieron pauta”.
Con esa insinuación ocurre algo muy interesante: la discusión original puede ser sobre un contrato dudoso, una licitación sospechosa o una decisión pública cuestionable. Pero la conversación cambia de dirección. Ya no se habla del asunto denunciado sino de la supuesta motivación económica del periodista.
La insinuación es simple y devastadora: si critica es porque no le pagaron. Si elogia es porque sí le pagaron. Bajo esa lógica, el trabajo periodístico se reduce a una transacción comercial.
Ese recurso tiene efectos profundos, porque introduce una sospecha permanente sobre la palabra del periodista. No hace falta demostrar que la denuncia es falsa; basta con sugerir que el autor está molesto por razones económicas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han advertido que la publicidad oficial puede convertirse en una herramienta de presión sobre los medios cuando se distribuye de forma discrecional.
En muchos países se ha visto el mismo patrón: los medios cercanos al poder reciben contratos publicitarios generosos mientras los críticos quedan fuera de ese circuito. El resultado es un ecosistema donde la independencia periodística puede resultar económicamente inquietante.
En ese contexto, la acusación de “estar ardido porque no le dieron pauta publicitaria” funciona como un mecanismo perfecto para evitar el debate. No hay que responder a la investigación ni a los datos publicados. Basta con sembrar la duda sobre la motivación del periodista.
Con el tiempo, ese tipo de discurso produce un efecto corrosivo en la conversación pública. Si toda crítica puede calificarse como resentimiento o venganza económica, la discusión deja de apoyarse en hechos verificables. Entonces aparece el cinismo colectivo. Mucha gente empieza a pensar que todo el mundo habla por interés, que nadie denuncia por convicción y que toda opinión tiene un precio.
En consecuencia, cuando una sociedad llega a ese punto, el daño no se limita a la reputación de un periodista o de un activista. El daño alcanza algo más profundo: la posibilidad misma de discutir los problemas de la ciudad con seriedad. De ese modo, Cartagena, que tantas veces presume de su historia, termina atrapada en una vieja costumbre colonial: la de proteger el prestigio de los poderosos desacreditando a quien se atreve a cuestionarlos.
