Tras la proliferación de denuncias contra gente poderosa, por presuntos acosos y abusos sexuales, no sería descabellado preguntarse si de tras de todo eso no estará operando un cartel de abogados y periodistas de redes en busca de beneficios económicos.
En los últimos años, Colombia ha asistido a un crecimiento de las denuncias por acoso y abuso sexual. Algunas han concluido con decisiones judiciales; otras, apenas comienzan su recorrido; y muchas siguen librándose, sobre todo, en el plano de la opinión pública.
El fenómeno merece ser observado con serenidad, pues tan equivocado resulta creer que toda denuncia es falsa como asumir que toda denuncia es una verdad demostrada desde el primer día.
Durante décadas, muchas mujeres guardaron silencio por miedo, por dependencia económica, por ignorancia, por vergüenza o porque el señalado ocupaba una posición de poder que hacía imposible enfrentarlo.
Hoy el panorama ha cambiado, dado que existen más canales para denunciar, mayor sensibilidad social y una opinión pública dispuesta a escuchar historias que antes permanecían ocultas. Ese cambio era necesario, pero toda transformación importante produce consecuencias que también deben analizarse.
Por ejemplo: llama la atención que muchas de las denuncias que alcanzan notoriedad recaen sobre personas con cargos importantes, reconocimiento público, considerable poder económico o las tres cosas juntas.
Eso puede tener explicaciones completamente legítimas, empezando porque quien posee poder también tiene mayores oportunidades de abusar de él. Además, está más que claro que los medios suelen concentrarse en los personajes conocidos porque sus casos despiertan mayor interés. Hasta ahí no hay nada extraño.
La pregunta aparece después: ¿Los incentivos económicos y mediáticos están influyendo en la selección de los casos que terminan ocupando el centro del debate nacional?
En este punto, no me refiero a denuncias falsas, debido a que no tengo pruebas para sostener semejante afirmación y porque la inquietud es distinta.
¿Pero será que existe un grupo de abogados y periodistas de redes especializado en buscar, asesorar y representar denuncias únicamente cuando el señalado posee dinero, prestigio o influencia, precisamente porque esos procesos tienen mayor impacto y mejores perspectivas económicas? De existir ese grupo, no sería necesario inventar ni un solo caso. Bastaría con seleccionar aquellos que ofrecen mayor visibilidad y mayores posibilidades de éxito.
Algunos dirán que esa hipótesis resulta exagerada. Sin embargo, la historia reciente de Colombia también es más que diciente. Durante años hemos descubierto carteles de la contratación, de la toga, de las incapacidades médicas, de la devolución de impuestos y de muchas otras modalidades que pocos imaginaron antes de que salieran a la luz.
Recordar esos antecedentes no demuestra que exista un fenómeno parecido en el campo del acoso y el abuso sexual. Lo único que demuestra es que las organizaciones creadas alrededor de incentivos económicos no son una rareza en nuestro país. Precisamente, por eso vale la pena preguntarse si detrás de algunos casos no habrá un cartel de abogados y periodistas de redes incentivando exclusivamente denuncias en contra de gente poderosa.
Mientras tanto, otro cambio comienza a sentirse en oficinas, universidades y empresas: muchos directivos han optado por reducir al mínimo las conversaciones informales con sus subordinadas. Las reuniones privadas se reemplazan por oficinas con puertas abiertas o paredes de vidrio. Cada correo electrónico queda debidamente archivado. Cada conversación importante busca desarrollarse en presencia de otras personas. Algunos, incluso, consideran prudente conservar registros institucionales que permitan demostrar (si algún día fuera necesario) cómo transcurrió un encuentro.
Algo parecido empieza a ocurrir con muchos profesores: las tutorías individuales disminuyen. Las comunicaciones personales son sustituidas por plataformas oficiales y toda interacción procura mantenerse dentro de un protocolo cada vez más estricto. No necesariamente porque crean que serán denunciados. Simplemente porque sienten que la mejor protección consiste en eliminar cualquier espacio para interpretaciones ambiguas.
Paradójicamente, esas medidas también pueden ofrecer mayor seguridad a las estudiantes y empleadas, pues reducen oportunidades para que ocurran conductas indebidas. Pero, al mismo tiempo, introducen otro ingrediente en las relaciones humanas: la desconfianza.
Hay un aspecto adicional del que casi no se habla: una denuncia puede terminar en condena, en absolución o incluso archivarse por falta de pruebas. No obstante, la reputación rara vez se sana. Una vez el nombre de una persona queda asociado públicamente con una acusación de esta naturaleza, esa mancha puede acompañarla durante el resto de su vida, aunque un juez concluya después que no existían responsabilidades penales o disciplinarias.
Todo lo anterior, porque la opinión pública suele condenar con mucha mayor rapidez de la que luego está dispuesta a absolver, por lo cual quizá el verdadero cambio cultural no consista únicamente en que hoy se denuncia más. Tal vez consista también en que el miedo cambió de lugar.
Antes, muchas mujeres callaban por temor a denunciar. Hoy, algunos hombres que ocupan posiciones de autoridad viven con el temor de que cualquier gesto, cualquier palabra o cualquier interpretación pueda convertirse mañana en un proceso judicial o en un juicio mediático.
No sé si algún día aparecerán pruebas de que alrededor de estos casos existen organizaciones interesadas en concentrar sus esfuerzos exclusivamente en personajes poderosos. Sería irresponsable afirmarlo sin evidencia. Pero sí creo que una sociedad democrática debe conservar el derecho a formular preguntas inquietantes, incluso cuando esas preguntas desafían las explicaciones que parecen más agradables.
Desde luego, es peligroso afirmar como un hecho algo que no ha sido demostrado. Pero si una sociedad decide que ciertos temas ni siquiera pueden plantearse, corre el riesgo de dejar de investigar fenómenos que podrían ser reales.